¿Regresó la pueril estrategia electoral de polvorizar al oponente mediante condenas políticas y jurídicas?

Como en la anterior campaña presidencial, vuelve a coincidir la campaña
del plebiscito con sonados casos de uribistas acusados: anulación de la
reelección del procurador Ordóñez, suspensión del magistrado Pretelt y
captura del ex ministro Arias

Por John Acosta

Los hechos se empecinan en demostrar que, al parecer, ha regresado la misma estrategia pueril de la anterior campaña presidencial colombiana como arma trapera para desacreditar al contrincante, ahora en otra campaña electoral, la del plebiscito.

La campaña presidencial de 2014 se caracterizó por la guerra sucia entre los candidatos más opcionados: Juan Manuel Santos a la reelección, apoyado por los partidos de la U, Liberal y Cambio Radical, y Óscar Iván Zuluaga, del partido Centro Democrático. (Lea aquí: Queremos propuestas, no agravios, señores Santos y Zuluaga) El país presenció, impávido, los ataques de lado y lado, que, incluso, rayaban en la bajeza. Por supuesto, en estas batallas por la degradación moral y sicológica del adversario tenía las de ganar quien ostentaba el máximo cargo de la República, pues contaba a su disposición con toda la parafernalia  económica, militar, política y hasta jurídica para responder los ataques del contrincante y fabricar el riposte con la mayor contundencia posible para polvorizar al enemigo. (Lea aquí: La ultraizquierda y lo más granado de la oligarquía santafereña en un mismo costal: ¿otro falso positivo? )Y, finalmente, lo logró. Óscar Iván Zuluaga solo contaba con el apoyo tácito del procurador de entonces, Alejandro Ordóñez; el presidente Juan Manuel Santos, con el Fiscal de la época (Luis Eduardo Montealagre), con el Congreso, con las cortes Suprema de Justicia y la Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, los organismo de seguridad del Estado, los medios de comunicación masiva, en fin. (Lea aquí: ¿El Fiscal Montealegre y los medios de comunicación asimilaron el golpe de la primera vuelta?)

Una vez lograda la reelección de Santos, no se volvió hablar del hácker
Andrés Sepúlveda ni de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado

Era tal la fogosidad y virulencia de los ataques, que los colombianos no veíamos la hora en que pasaran esas elecciones. (Lea aquí: ¡Bendito 15 de junio de elecciones, por fin estás ahí! ) Entre los casos más sonados con que la estrategia electoral santista atacó a su oponente está haber logrado que el recién electo presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, le retirara el asilo territorial que le había otorgado, tres años atrás, el entonces presidente de ese país, Ricardo Martinelli, a María del Pilar Hurtado Afanador, quien había sido directora del ya desaparecido Distrito Administrativo de Seguridad (DAS), entre el 23 de agosto de 2007 y el 23 de octubre de 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, jefe político del candidato Zuluaga. La exfuncionaria era buscada por delitos relacionados con el supuesto espionaje a periodistas, magistrados, políticos y defensores de derechos humanos. Ante la cancelación de su pasaporte, Hurtado Afanador tuvo que presentarse “voluntariamente” ante las autoridades del Servicio Nacional de Migración de Panamá, donde le expidieron la orden de deportación. (Lea aquí: La tarde en que las bases conservadoras abuchearon a Roberto Gerlein, derrotaron la mermelada de Juan Manuel Santos y apoyaron a Marta Lucía Ramírez )

Al entregarse a los agentes de la Fiscalía General de la Nación, las voces de la campaña santistas decían que ahora sí iban a encarcelar a Álvaro Uribe porque María del Pilar Hurtado iba a llegar a acuerdos con la justicia e iba a acusar a su jefe. (Lea aquí: ¿Uribe le dio la orden a Santos para que personal bajo su mando cometieran los “falsos positivos”? ) Una vez lograda la reelección de Santos, no se volvió a hablar del tema.

Los ex ministros de Salud Diego Palacio y del Interior Sabas Pretelt, ambos
del Gobierno de Uribe, también cayeron ante la aplanadora judicial contra
todo el que permanece fiel al ex presidente

Es el caso muy similar a lo que ahora está pasando con Andrés Felipe Arias Leyva, en plena campaña por el plebiscito sobre los acuerdos de La Habana, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), guerrilla liderada por alias Timochenko, y el Gobierno del reelegido Juan Manuel Santos. (Lea aquí: ¿Por qué Arias fue a la cárcel y Santos a la Presidencia, si los "falsos positivos" fueron peores que Agro Ingreso Seguro? ) También en plena campaña presidencial, en septiembre de 2014, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia condenó a Arias Leyva a 17 años y 4 meses de prisión por su participación y conocimiento en los hechos que rodearon el escándalo de Agro Ingreso Seguro. (Lea aquí: La primera vuelta demostró que las Farc siguen derechizando al país ) Aduciendo faltas de garantías procesales y una vulneración constante a su derecho a la defensa, Arias Leyva salió del país. Una vez reelegido Santos, no se volvió a sonar el tema hasta que se entró a campaña por el plebiscito. Se dice que Arias Leyva goza de un asilo temporal en Estados Unidos, pero, súbitamente, en la mañana del miércoles 24 de agosto pasado, agentes estadounidenses fueron a la casa del ex ministro y lo capturaron. Como se recordará, Andrés Felipe Arias fue Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, entre el 4 de febrero de 2005 y el 7 de febrero de 2009, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, principal exponente de la campaña por el No en el plebiscito sobre los acuerdos de Timochenko y Juan Manuel Santos. Uribe declinó la invitación que le hizo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de celebrar en febrero pasado los 15 años del Plan Colombia en Estados Unidos, al lado del presidente Juan Manuel Santos.

Mientras Luis Carlos Restrepo, ex Alto Comisionado para la Paz del
Gobierno de Uribe, huye por una condena por la supuesta falsa
desmovilización de un grupo armado ilegal, Juan Manuel Santos,  ex
ministro de Defensa del mismo Gobierno, bajo cuyo ministerio se cometieron
los "falsos positivos", fue reelegido a la Presidencia de Colombia con votos de
quienes más duro han criticado el asesinato de inocentes para presentarlos
como guerrilleros muertos en combate: la importancia de dejar de ser fiel a
 Uribe

Otro de los casos sonados en la pasada campaña presidencial fue el del escándalo del famoso hacker Andrés Fernando Sepúlveda Ardila.  Este joven colombiano fue acusado de hackear cuentas de miembros de las Farc y negociadores de La Habana, en un supuesto plan criminal para hacer fracasar los diálogos de paz entre las Farc y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Por supuesto, Sepúlveda Ardila trabajaba para la campaña de Óscar Iván Zuluaga. El candidato fue llamado a declarar e, incluso, el entonces fiscal Montelagre obligó al hijo del principal contendor del candidato a la reelección a declarar sobre su vinculación al caso del hacker: David Zuluaga, quien estudiaba un doctorado en Estados Unidos, estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en el consulado colombiano de Nueva York, respondiendo el interrogatorio de la Fiscalía General de Colombia. Una vez reelegido Juan Manuel Santos, no se volvió a hablar del tema. (Lea aquí: Ganaron los contratistas de la mermelada corrupta y perdió el país )

Impresiona la extraña coincidencia de que un proceso como el del uribista Jorge Pretelt Chaljub, con cerca de dos años de escándalo, se resuelva en su contra justo en plena campaña por el plebiscito. Desde abril de 2009,  Pretelt Chaljub era magistrado de la Corte Constitucional, incluso, en febrero de 2015 fue Presidente de este organismo, y le tocó marginarse de la Presidencia, precisamente, por las denuncias de pedir sobornos a Fidupetrol por 500 millones de pesos para incidir en un fallo de tutela. El escándalo estalló en marzo de 2015. En septiembre de 2015 es acusado formalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en noviembre pasa su caso a plenaria de la Cámara, en diciembre se aprueba la acusación y se envía al Senado para que se adelante allí un juicio político. Solo hasta el 24 de agosto de este año, la plenaria del Senado, de mayoría santista, levantó el fuero del magistrado al suspenderlo de su cargo.

Después de tres años y cinco meses de proceso, justo en plena campaña por el plebiscito, la Sala Plena del Consejo de Estado anuló la reelección de Alejandro Ordóñez como procurador general de la Nación. Ordóñez es cercano al ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez; de hecho, ambos son opositores al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. (Lea aquí: ¿Por qué cuando Ordóñez destituyó e inhabilitó a más de una docena de congresistas parapolíticos no era guerrillero y cuando lo hace con Petro es ultraderechista? )

Es muy difícil evitar relacionar estos hechos con la vieja estrategia de campaña electoral de Santos de tratar de enlodar a sus oponentes con escándalos políticos y judiciales. Es obvio, entonces, que los defensores del No al acuerdo de Timochenko y Juan Manuel Santos radicalicen sus posiciones frente a ataques políticos y jurídicos generados por el poder de la mermelada estatal.